• Número de expediente: N° 318-2023/SUPREMA.
• Partes involucradas:
  • Apelantes: Procuradores Públicos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
  • Apelados: Fiscalía de la Nación.
• Tribunal de origen: Auto de primera instancia de fojas doscientos ochenta y cinco, de tres de octubre de dos mil veintitrés.

Antecedentes del Caso

• Hechos: Se presentaron diligencias preliminares seguidas contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Luis Alberto Otárola Peñaranda, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Jorge Luis Chávez Cresta, Pedro Miguel Angulo Arana, César Augusto Cervantes Cárdenas y Vicente Romero Fernández por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad y otros.
• Resolución impugnada: El auto de primera instancia declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para la revelación de información por parte de diversas entidades gubernamentales.

Fundamentos de la Apelación

• Argumentos de los apelantes: Los procuradores públicos argumentaron contra la decisión de revelar información solicitada por la Fiscalía de la Nación.
• Motivos de apelación: Los apelantes probablemente basaron su apelación en la protección de información sensible y la seguridad nacional.

Análisis Jurídico

• Evaluación de los argumentos: La Corte Suprema consideró que los argumentos presentados por los procuradores públicos no eran suficientes para revertir la decisión de la primera instancia. El auto de primera instancia fue confirmado.
• Análisis de pruebas: La decisión inicial de la primera instancia fue revisada y se consideró que la revelación de información era justificada en el contexto de las diligencias preliminares.
• Interpretación de las normas: La Corte Suprema interpretó que la revelación de información era necesaria para el debido proceso y la investigación de los delitos graves mencionados.

Jurisprudencia y Doctrina

• Precedentes relevantes: La decisión se alinea con la jurisprudencia que prioriza la transparencia y la colaboración entre las entidades gubernamentales y la Fiscalía en casos de delitos graves.
• Doctrina aplicable: La necesidad de equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la información en el contexto de investigaciones penales.

Posibles Resultados

• Confirmación: La resolución fue confirmada, considerando que la necesidad de revelar la información prevalece sobre los argumentos presentados por los procuradores públicos.
• Modificación: No se indicó ninguna modificación de la resolución original.
• Revocación: No se consideró la revocación de la resolución de primera instancia.

Conclusiones

• Síntesis del análisis: La Corte Suprema determinó que la decisión de la primera instancia era adecuada y justificada, basándose en la necesidad de acceso a la información para la investigación de delitos graves.
• Recomendación final: Se recomienda la confirmación de la decisión inicial y la continuación de las diligencias preliminares con la información revelada bajo reserva y cuidado necesario.