El proyecto de ley establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entró en vigor en Perú en julio de 2002. Asimismo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad comenzó a regir en noviembre de 2003. Según el texto aprobado, los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de estos tratados “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, y cualquier sanción impuesta por estos delitos, ya sea administrativa o judicial, es «nula e inexigible».

La aprobación del proyecto ha sido recibida con preocupación por diversas organizaciones de derechos humanos, que temen que esta medida pueda promover la impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas y sus familias han expresado su indignación, considerando que se les niega justicia y reparación por los crímenes sufridos.

Por otro lado, algunos sectores del Congreso argumentan que la ley busca aclarar el marco jurídico y evitar la retroactividad de las normas penales, asegurando que se respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Este desarrollo legislativo podría enfrentar desafíos en instancias internacionales, ya que el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es un estándar ampliamente reconocido en el derecho internacional. Perú podría enfrentar críticas y presiones por parte de organismos internacionales de derechos humanos que defienden la justicia y la reparación para las víctimas de estos crímenes.

La promulgación de esta ley será un punto clave en la agenda nacional e internacional, y su impacto en el sistema de justicia peruano y en la protección de los derechos humanos será observado de cerca.