En conferencia de prensa realizada en la Municipalidad Provincial de Huaral, nuestro socio fundador, Dr. Edgar Rodríguez Leyva, dejó en evidencia, con argumentos jurídicos sólidos, que la denuncia penal contra el alcalde Fernando Cárdenas Sánchez carece de sustento legal y fáctico. Estos son los fundamentos expuestos:
- El uso de la maquinaria municipal fue legal, ejecutado dentro del marco de un convenio específico vigente, aprobado por Acuerdo de Concejo N.º 079-2022-MPH-CM, derivado de un convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito con la empresa Embotelladora Caral SAC, en junio de 2022, con vigencia automática por 4 años.
- No existe peculado de uso, pues el bien público (maquinaria municipal) no fue destinada a fines personales, sino a obras que beneficiaron directamente a diversos sectores poblacionales, como Macatón y Huando y sectores aledaños, en concordancia con las funciones municipales.
- No existe falsificación documental, ya que los convenios existen, están certificados y registrados formalmente. Imputar falsedad sin pruebas objetivas constituye no solo un error jurídico, sino un uso indebido del derecho penal.
- La denuncia fue precipitada, sin agotar los canales de acceso a la información. Esto revela una falta de diligencia política que debilita la institucionalidad y banaliza el ejercicio de la fiscalización.
Desde nuestro estudio, reafirmamos que el derecho penal no puede ser utilizado como arma política. Defender la legalidad, el debido proceso y la correcta interpretación normativa es nuestro compromiso.
Seguiremos actuando con transparencia, rigor jurídico y defensa estratégica en favor de nuestros patrocinados y del Estado de Derecho.
